Denuncia el incumplimiento de las normas vigentes, tanto de orden nacional como internacional, que resguardan el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Genera espacios deliberativos sobre la definición e implementación de políticas y legislación tendientes a la plena inclusión, dentro del más amplio marco de autonomía posible.

Difunde la problemática en todos los niveles de la opinión pública con el fin de concienciar a la sociedad respecto de los derechos de las personas con discapacidad.

La REDI ha realizado numerosas gestiones ante distintos organismos, reclamando:

1. Se dispongan las medidas necesarias para que se cumplan las normas sobre accesibilidad en edificios públicos y privados, en la vía pública y en los transportes públicos de pasajeros.
2. Se garantice el acceso a la información y a la comunicación, para personas con discapacidades sensoriales, a saber auditivas y/o visuales.
3. Se arbitren los mecanismos para dar cumplimiento a las normas que aseguran un cupo mínimo de personal discapacitado en la Administración pública nacional y local, y en empresas concesionarias de servicios públicos.
4. Se concrete la adjudicación de pequeños comercios destinados a personas con discapacidad en edificios públicos.
5. Se disponga la creación de áreas específicas sobre discapacidad en los ámbitos legislativo, ejecutivo y de contralor.
6. Se cumplan las normas nacionales e internacionales suscritas por nuestro país, mediante acciones de amparo ante los Tribunales competentes.

Su origen fue motivado por los conflictos ocasionados por distintas barreras arquitectónicas y urbanas existentes en la Ciudad de Buenos Aires.

Este fue el punto de partida para iniciar diversas acciones. Para lograr sus objetivos, la REDI creyó necesario crear un espacio de reflexión e intercambio de opiniones e ideas; elaborando estrategias operativas a partir del consenso de distintas ONG’s y particulares, con el espíritu de trabajo en red.

 

Día a día, la REDI sigue creciendo, tanto en sus gestiones, como en número de integrantes y esto hizo posible la creación de diferentes áreas de trabajo. Actualmente existen las siguientes:

• Educación.
• Transporte.
• Barreras arquitectónicas.
• Barreras comunicacionales.
• Cultura, recreación y deporte.
• Trabajo.
• Legales.
• Comunicación y difusión.

A pesar de que ya están conformadas las comisiones, la REDI no descarta la formación de nuevas áreas, según las necesidades que surjan de aquí en más. Tampoco se descarta la incorporación de nuevos miembros cuya acción se oriente hacia la promoción de los derechos humanos y estimule la inclusión social de las personas con discapacidad.

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ALGUNAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA REDI:

• Transporte público: la ley 22.431(1981) y su modificatoria 24.314 (1994) especifican los requisitos para que el transporte público sea accesible a las personas con alguna discapacidad

 

Ante su incumplimiento, se realizaron informes y denuncias, referidos al transporte automotor de pasajeros, ferroviario y subterráneo, cuyas conclusiones fueron elevadas al ente fiscalizador correspondiente.

En cuanto al primero, al bajo porcentaje de unidades accesibles, se agregan: la falta de horarios fijos para dichas unidades (lo cual alarga los tiempos de espera de los usuarios, en un promedio de al menos 30 minutos por viaje); los incumplimientos de las empresas de los tiempos legales fijados para la implementación de dicha Ley y las innumerables denuncias por falta de accesibilidad autónoma y segura y la ausencia de señalización adecuada en las unidades. Todo esto refleja una situación que tiende a desalentar el uso de este medio de transporte.

Las denuncias más frecuentes son: los conductores, cuando ven una persona con discapacidad, no paran; no se respeta el ascenso y descenso en cualquier esquina; las unidades no cuentan con las rampas o elevadores; éstos no funcionan o el conductor no sabe hacerlos funcionar; ausencia de sistemas de información para personas con disminución visual o auditiva; las máquinas expendedoras de boletos no cumplen con el requisito de ser factibles de accionar por todos los pasajeros; los asientos de uso prioritario para personas con movilidad reducida son inaccesibles y/o peligrosos.

Generalmente uno de los espacios reservados para silla de ruedas se encuentra en sentido contrario a la dirección del vehículo (en contra de lo que la legislación establece); los mecanismos de sujeción para las sillas de ruedas están ausentes o no son útiles. Los vehículos no pueden acercarse a la calzada por los automóviles estacionados en ella, lo cual hace imposible o peligroso el descenso; las rampas de las unidades de piso bajo chocan con el borde de la calzada, lo cual reduce su vida útil: los materiales empleados no son antideslizantes, etc.

En resumen:

• Existe un notorio incumplimiento a la norma.
• El Estado y las empresas privadas de Transporte Automotor no toman iniciativas para mejorar la situación.

Situaciones análogas a las reseñadas son válidas respecto al transporte ferroviario y al subterráneo, en tanto no permiten a los usuarios con discapacidad trasladarse en las mismas condiciones que el resto de la sociedad.

A partir de lo descrito, la REDI, además de realizar acciones legales, ha hecho un estudio, con la colaboración de expertos internacionales, y realizado propuestas para la adecuación de las unidades a los usuarios con cualquier tipo de discapacidad, incluidos trabajos específicos de la comisión de discapacitados auditivos y visuales.

A raíz de las denuncias realizadas, actualmente se hallan en procesamiento los datos sobre transporte automotor, producto de un relevamiento realizado en conjunto entre la REDI y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, organismo autónomo de contralor del Gobierno de dicha ciudad.

Asimismo, se realizaron acciones tendientes a asegurar el acceso a taxis, trenes, subterráneos y aviones.

• Ley de Ascensores: A partir de una modificación de la Legislación, la cual, ignorando la accesibilidad, disponía el cambio de puertas tijera de los mismos, lo que reducía las dimensiones de cabinas hasta hacer imposible el acceso a usuarios en sillas de ruedas.

Se impulsó la derogación de la Ordenanza N° 46275 (que volvía obligatorio el cambio de puertas, aduciendo razones de seguridad) se promovió un recurso de amparo; y se intervino en la redacción de la nueva ley N° 161, que representa una solución al problema.

• Rampas en la Vía Pública: En la Ciudad de Buenos Aires se había implementado, de forma inconsulta, un diseño de rampas peatonales para discapacitados que resultaba poco funcional, inadecuado a sus fines, peligroso y oneroso, ya que las mismas tenían excesiva pendiente; eran resbalosas y estaban construidas en un material poco durable. Se impugnó la construcción de dichas rampas, ejecutadas en fibra de vidrio, y se logró imponer un modelo accesible por medio de gestiones ante la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

• Impuesto al Automotor por el Incentivo Docente: El Gobierno Nacional (cuya gestión estuvo en vigor hasta el 10 de diciembre de 1999) había promulgado un nuevo gravamen a los automotores, con el objeto de obtener fondos para resolver la crisis salarial docente.

Se presentó un proyecto modificatorio de esta Ley (N° 25053), propiciando la exención para los vehículos de propiedad de personas con discapacidad. Se realizaron gestiones ante la AFIP (El ente impositivo encargado de recaudar los gravámenes) para instar a la prórroga de dicho impuesto. Lamentablemente, en este aspecto, no hubo una respuesta satisfactoria; no se decretó la exención desconociendo la importancia de poder mantener un vehículo propio en razón de la inexistencia de transporte público accesible.

• Leyes laborales:

Leyes que apuntan a favorecer el empleo de personas con discapacidad en la República Argentina:

1. La ley 24308 determina la obligatoriedad de asignar espacios en concesión a las personas con discapacidad, para la explotación de pequeños comercios en toda sede administrativa de organismos públicos y empresas prestadoras de servicios públicos que hayan sido concesionadas o privatizadas. En el  ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, esta ley fue reglamentada por el decreto 1553, que precariza las condiciones laborales de quien ejerce esa explotación, pero que mantiene los requisitos de comodidad y rentabilidad del lugar que se asigne, así como la posibilidad de ser asistido por dos personas en carácter de dependientes.
2. La ley dispone que el Ministerio de Trabajo, establecerá  programas para los trabajadores que presenten mayores dificultad de inserción laboral, la promoción de talleres protegidos de producción (que en la Ciudad de Buenos Aires no están legislados y por ello funcionan como escuelas especiales), apoyo al trabajo domiciliario y prioridad en la concesión de uso de bienes de dominio público o privado al estado, para la explotación de pequeños comercios. La legislación también dispone la exención del orden del 50 % de las contribuciones patronales, para quienes contraten personas con discapacidad.
3. La ley 22431 en su artículo 8, determina la obligación de ocupar personas discapacitadas idóneas en una proporción no inferior al 4 %, del personal en organismos públicos Nacionales y empresas y sociedades del estado. En ese mismo sentido decidieron los Constituyentes de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el artículo 43 estableció que la Ciudad Autónoma debe asegurar la incorporación gradual de un 5 % como mínimo, de personas con necesidades especiales en todos los organismos que de ella dependan.

Sin embargo, la promulgación de estas leyes nunca estuvo acompañada de la voluntad política de llevarlas a cabo. Prueba de ello es que en cuanto a los porcentajes mínimos de los puestos de trabajo destinados a personas con discapacidad, las leyes son ignoradas o se cumplen de manera parcial y/o irregular. A ese respecto, a pesar de la existencia de registros de aspirantes discapacitados, no se difunde debidamente la existencia de estos registros, ni la información acerca de los concursos y, por lo tanto, al no presentarse postulantes, se declaran desiertos, ignorando estos registros mencionados.

Es de considerar también, que cuando se abren los concursos, se asignan puntajes discriminatorios a las personas con discapacidad, sin posibilidades de competir con aquellos que poseen antecedentes o experiencia laboral.

Además del no-cumplimiento de las leyes vigentes, tampoco se crean programas de salud, de educación, de capacitación, y recreación, destinados a las personas con discapacidad. Como consecuencia de ello, los mismos resultan excluidos de las políticas dirigidas al bienestar general de la población. Enfrentan día a día barreras urbanísticas, arquitectónicas, del transporte y comunicacionales. No acceden a los niveles de capacitación y calificación profesional, necesarios para competir en el mercado libre de trabajo y de los cupos laborales reservados.

Vista esta situación, la REDI promovió un recurso de amparo por el cumplimiento de los cupos reservados por la ley nacional 22431 y Art. 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires para personas con discapacidad.

• Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires:

1. Se promovió un proyecto de ley para la creación de una Comisión Legislativa específica sobre Discapacidad, a efectos de facilitar la participación ciudadana de los discapacitados y centralizar la actividad legislativa en torno a la temática.
2. Se impulsó un proyecto de modificación del Decreto 1553/97, que precariza la situación laboral de los concesionarios de pequeños comercios.
3. Se impugnaron los concursos para el personal de planta permanente por haberse adjudicado puntajes discriminatorios y desconocer la reserva legal.
4. Se planteó la obligatoriedad de cumplir con el cupo del 5% para el personal de planta transitoria y contratada.
5. Se exigió garantizar la accesibilidad al edificio de la Legislatura.

• Gestiones a Nivel Internacional: Se elevaron informes al Relator Especial sobre Discapacidad de la ONU. Respecto a la situación de las personas con discapacidad en nuestro país y se propusieron reformas a la Convención Interamericana sobre Discapacidad de la OEA. Realizada en Guatemala a principios de Junio 1999.
• Accesibilidad al medio físico: Actualmente se hallan en proceso de elaboración las propuestas para modificar el Código de Edificación y las normas de señalización, para permitir que aquellos espacios urbanos que se construyan o se modifiquen a partir de ahora, no tengan los gravísimos problemas de accesibilidad de los que adolecen los actuales.

1. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA REDI AL AREA DE EDUCACION Y EMPLEO.

Las personas con discapacidad, en nuestro país, han sido excluidas históricamente del ámbito laboral por parte de la sociedad y por el poder político. Por esto, los reclamos no deben agotarse en la lucha por los puestos de trabajo. Deben focalizarse también y especialmente, en exigir condiciones laborales dignas, ya que la ausencia de garantías con relación a esto, constituye otra forma de discriminación.

En la C.T.A. (Central de Trabajadores Argentinos, organismo gremial), por iniciativa, entre otros, de integrantes de la REDI, se ha creado el Departamento de trabajadores discapacitados, con el firme objetivo de velar por los derechos que asisten a las personas con discapacidad en tanto trabajadores. Su meta es también, velar por los derechos específicos que apuntan a la equiparación de oportunidades.

La Federación Universitaria Argentina ha lanzado en coordinación con ese Departamento, un programa que apunta a la inclusión de las personas con discapacidad en la Universidad, con el objetivo (entre muchos otros), de alcanzar el nivel de capacitación necesaria para tener mayores oportunidades en el mercado laboral.

2. EL AREA DE EDUCACION DE LA REDI.

La premisa principal del área sería aplicar los principios de la REDI a la temática educativa, lo cual implica:

 

• Hacer valer el derecho a la educación con un enfoque orientado a la integración, respetando las características y los tiempos individuales.

• Relevar datos fiables acerca de los estudiantes con discapacidad y sus necesidades, programas existentes en instituciones educativas referidos al tema, dificultades de accesibilidad al medio físico y a la información en establecimientos educativos, etc., construyendo o adaptando, para ello, los instrumentos de recolección de datos más adecuados.

• Proponer adaptaciones curriculares, edilicias, legales, de organización del plantel docente y de todo otro tipo, que apunten a facilitar el acceso y permanencia de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo; sea integrados en la educación común o en el área especial, en los casos que lo requieran.
• Incentivar la formación de recursos humanos especializados en el tema.
• Promover el empleo de los profesionales con discapacidad que se desempeñen o quieran desempeñarse en el área educativa, respetando el cupo legal vigente.
• Generar espacios de deliberación e intercambio de experiencias, con relación a esta temática, promoviendo la difusión y concientización acerca de la misma.
• Analizar la legislación vigente referida al tema y proponer las modificaciones que se estimen pertinentes.
• Denunciar el incumplimiento de las normas vigentes respecto del área de educación.

• Fomentar la integración de los estudiantes con discapacidad en el accionar de la REDI rescatando su papel de expertos en el tema.

• Impulsar la incorporación de tecnología necesaria para educación y rehabilitación.

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PLANES PARA EL 2000:

• Participar en un Censo de estudiantes universitarios con discapacidad.
• Proponer adaptaciones para facilitar el acceso y permanencia de personas con comunicación reducida en el sistema educativo.
• Concluir un relevamiento de programas de integración escolar en los establecimientos educativos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los niveles inicial, primario y post primario.
• Propulsar la instalación de laboratorios informáticos adaptados en universidades públicas.
• Accionar para que los estudios de postgrado sean gratuitos para los profesionales con discapacidad en todas las universidades publicas.

• Fomentar la integración de los estudiantes con discapacidad en el accionar de la REDI rescatando su papel de expertos en el tema.

• Organizar grupos de estudio y charlas sobre la legislación vigente en educación.
• Impulsar la multiplicación de espacios zonales.

Un diagnóstico de situación podría ser el siguiente:

• Se ha señalado la necesidad de contar con interpretes para los estudiantes con problemas auditivos.

• Las personas con discapacidad visual intentan resolver sus dificultades de acceso a la información por medio de asociaciones de voluntarios y medios alternativos de lectura; uno de los grandes problemas es la adquisición y mantenimiento de la tecnología especial. No hay tecnología especial disponible para los estudiantes en ninguna universidad, ni publica ni privada.

• Aquellos que necesitan acompañantes o auxiliares, recurren a voluntarios o familiares o se ven obligados a pagar por estos servicios.

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CONCLUSIONES.

Como ya quedara expresado, el objetivo de la REDI es lograr la plena integración social de las personas con discapacidad.

Para esto, como mínimo, es indispensable:

1. contar con accesibilidad al medio físico y al transporte
2. disponer de auxiliares, intérpretes y acompañantes,
3. Incorporar la tecnología necesaria.

d) concientización social de las capacidades remanentes de las personas con discapacidad. Y ESTE ES UN PUNTO QUE DEPENDE ESENCIALMENTE DE LA EDUCACION Y DE POLITICAS ACORDES.

Pero debemos convenir que ninguna de estas metas podrá alcanzarse sin disponer de recursos económicos.

Una meta irrenunciable del área, a largo plazo, debe ser:

Que toda persona con movilidad o comunicación reducida que quiera estudiar, rehabilitarse o trabajar, tenga acceso al transporte adecuado; a los auxiliares, acompañantes o interpretes y a la tecnología de acceso (informática o de otro tipo) requerida para desarrollar sus actividades, con criterios de equidad y justicia social.

Uno de los medios para conseguir la meta enunciada es exigir a las Obras Sociales (Organismos que, según la Legislación vigente, deberían proporcionar transporte a las personas con discapacidad, pero no lo hacen) para que cumplan la ley; otro será estudiar la experiencia internacional en el tema, con el fin de proponer fuentes alternativas de financiamiento para estas iniciativas y generar convenios para lograrlas. Uno de los principios que se vienen llevando a cabo en la REDI es el convertir los problemas que afectan personalmente a muchos de sus miembros, en problemáticas institucionales que requieren un tratamiento institucional y un accionar conjunto.

 

Para ello, es una necesidad ineludible (Conforme a las Normas Uniformes de las Naciones Unidas) tanto la recolección de datos completos y fiables acerca de todos los niveles del sistema educativo, Común y Especial.

Los mismos deberían estar referidos a:

• Los servicios educativos y programas disponibles actualmente para personas con discapacidades.
• Las condiciones actuales de accesibilidad a la información y al medio físico
• Las necesidades de los estudiantes con discapacidad.
• La disponibilidad (o carencia de ella) por parte de las instituciones educativas de la tecnología de acceso.

Esto cabe dentro de un objetivo más amplio, que no cumple actualmente ningún organismo oficial, que es promover la investigación científica y tecnológica acerca de la temática de la discapacidad, resaltando el papel de las personas con discapacidad como expertos, tal como lo marcan las ya citadas Normas Uniformes. Esto serviría no solo para contar con datos y propuestas de solución acerca de los problemas educativos, sino como potencial fuente de empleo para los profesionales con discapacidad.

Es fundamental para las personas con discapacidad tomar conciencia de los derechos que les asisten, para constituir colectivos, grupos capaces de ejercerlos, para que estos se cumplan. Ya sea a través de acciones judiciales para que se cumpla la legislación vigente, y, cuando sea necesario, a través de la promoción de normas que proporcionen un marco jurídico que permita participar a las personas discapacitadas y a sus organizaciones, como ciudadanos de pleno derecho en la adopción de decisiones a todos los niveles: en la planificación, en la aplicación, supervisión y la evaluación de políticas y programas.

Respecto de las acciones específicas de la REDI para permitir la participación, se realizan las reuniones en espacios ediliciamente accesibles para personas con movilidad reducida y de ser posible, con una computadora disponible. En todas las reuniones de la REDI, las personas sordas cuentan con una persona encargada de traducir en una computadora lo que ocurre en la misma. Asimismo, se procura utilizar medios variados para la facilitar la circulación de información interna y participación en ausencia: correo electrónico, fax, teléfono, etc.

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